infoRETAIL.- Las principales asociaciones empresariales de la distribución alimentaria han rechazado la propuesta de elaborar una cesta básica para limitar los precios de los productos por su falta de “coherencia”, su capacidad para “distorsionar” el mercado y las dudas legales que suscita. Además, han pedido a los miembros del Gobierno que no busquen “culpables”, en esta crisis inflacionista ni que “maten al mensajero”, trasladando a la opinión pública una imagen irreal del sector.
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) han coincidido en que la iniciativa planteada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no es la solución que necesita el sector ni los consumidores. Sin embargo, ambos ministros se han reafirmado esta mañana, tras la reunión, en su idea y han recalcado "avanzar en la moderación de los precios".
“Nuestras empresas no la consideran una buena idea. No creen que sea útil para solucionar los problemas que tiene actualmente el comercio de alimentación y el IPC de alimentación. No va a aportar las soluciones que necesitan los consumidores”, ha asegurado el presidente de Asedas, Ignacio García Magarzo, en declaraciones recogidas por infoRETAIL.
Javier Millán-Astray (Anged): “Si se intenta fijar una cesta de la compra tipo se están distorsionando las relaciones de las propias empresas de distribución con los proveedores”
Para el directivo, la cesta básica común no es una buena idea ya que “no es coherente” con la estructura de la distribución comercial española, al tiempo que un acuerdo de este tipo, además del problema jurídico que podría tener, sería “discriminatorio” para algunos consumidores.
“Afortunadamente, en España el mercado está muy repartido, mucho menos concentrado que en otros países de Europa y no se trata de hacer un acuerdo con algunos distribuidores, hay que implicar a 100 cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en frescos y no ha estado hoy en esta reunión, por cierto”, ha añadido García Magarzo, que ha recordado que un pacto de este tipo “no sería adecuado” para determinados consumidores, como por ejemplo para quienes viven en zonas rurales: “Sería discriminatorio para ellos”.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Anged, Javier Millán-Astray ha recordado que los productos están continuamente en oferta y en promociones y que cada empresa de distribución tiene sus propios proveedores y sus propias características.
“Si se intenta fijar una cesta de la compra tipo, pues se están distorsionando las relaciones de las propias empresas de distribución con los propios proveedores”, ha apuntado el directivo, quien añade que se trata de un sector donde hay una competencia “feroz” y que si se intenta modificar ese libre funcionamiento del mercado, “lo que se generan son distorsiones y por tanto ineficiencias de los precios”.
Sobre la experiencia de una propuesta similar en Francia, García Magarzo no la comparte: “Sarkozy hizo dos acuerdos con la distribución: uno en 2004, que tuvo una reacción contraria por parte de los consumidores con un descenso importante de las ventas por falta de confianza en el Gobierno y en la distribución galos; y en 2011, por la cesta básica, que generó en los consumidores la impresión de que había descendido la calidad de los productos que se estaban comercializando”.
“Matar al mensajero”
Asimismo, Millán Astray ha señalado que la distribución está haciendo esfuerzos “ingentes” por la contención de precios y ha trasladado a la ministra de Trabajo su preocupación por la imagen que se está proyectando del sector de la distribución comercial, “que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la realidad”.
El directivo de Anged ha afirmado que no hay ningún dato que demuestre que hay un comportamiento “anormal” por parte de la distribución, sino “todo lo contrario”, ya que mientras el incremento de precios medios de la industria ha crecido un 12,6% en el último año, el de la distribución ha crecido en torno a un 7%, incluso por debajo del IPC general.
En este sentido, le ha trasladado a Díaz que la distribución es un sector “extraordinariamente responsable socialmente” y “extraordinariamente eficiente”. “Lo que no se puede hacer es matar al mensajero, nosotros somos los que damos la cara delante el consumidor”, ha señalado Millán-Astray, quien ha subrayado que ni el Ministerio de Economía, ni la CNMC han visto “ningún comportamiento anómalo, ni nada por el estilo” y ha subrayado que la distribución no es la causa del incremento de precios.
En este sentido se ha manifestado también García Magarzo, quien no comparte el análisis que hace la ministra sobre el problema de márgenes y precios en la cadena de valor: “Utiliza unos indicadores que no tienen una base científica suficiente y le hemos pedido que use los indicadores del MAPA sobre formación de precios que son mucho más solventes y no coinciden en un análisis de márgenes y precios, según el propio ministro Planas”.
“Ha sido una reunión útil para que la vicepresidenta conozca mejor cual es nuestra realidad y le hemos trasladado un mensaje de confianza hacia esta cadena, que es la misma que ha mantenido 20 años los precios de alimentación extraordinariamente estables”, añade el responsable de Asedas, que recuerda que los precios del sector solo han experimentado alzas en 2007 y 2012, cuando se incrementó el IVA, pero que en el resto de años se han mantenido en IPC negativos o con subidas moderadas.
“Lo que estamos viviendo desde octubre es algo histórico que tiene causas objetivas y muy claras: incremento del precio de la energía, carburantes y materias primas. Solo le pedimos que no busque culpables y nos escuche en estas demandas”, remarca.
“Cuando estamos viendo incrementos del 390% o del 290% en los precios mayoristas de la energía, o cuando los cereales están incrementándose por encima del 200%, cuando los fertilizantes para el campo están cerca del 180% o del 120% los productos para los envases, es inevitable que haya incrementos de precios, pero estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para no trasladar a los precios del consumidor todos los costes que se están arrastrando a lo largo de todos los eslabones de la cadena”, señala Millán-Astray.
Rebaja de impuestos
“Nuestra obligación es facilitar a todos los consumidores los alimentos al precio más bajo posible. Y para eso, en lugar de crear división entre unas estrategias comerciales y otras, cada empresa está desarrollando estrategias para competir y favorecer a sus clientes. Es mejor que bajen los costes porque el problema de la inflación es un problema de costes, no de márgenes ni de estrategias comerciales”, añade García Magarzo.
En esta línea, el directivo asegura que le han planteado a Yolanda Díaz que el sector necesita su ayuda para bajar los impuestos y también le ha pedido al ministro Garzón la posibilidad de rebajar el gravamen de los productos que están al 21% que deberían estar gravados al 10% o al 10% que deberían estar al 4%. “O incluso productos que podrían suspender su gravamen en los próximos meses como se hizo en Alemania durante seis meses en 2020”, ha indicado.
Ignacio García Magarzo (Asedas): “La inflación es un problema de costes, no de márgenes ni de estrategias comerciales”
“El IVA es un impuesto inflacionista y se está recaudando más por el IVA de los alimentos de lo que se recaudaba antes. Eso se puede trasladar a los ciudadanos en forma de bajada de impuestos”, propone.
“Le hemos pedido a la vicepresidenta segunda que nos apoye en las medidas que hemos planteado a la vicepresidenta tercera para conseguir una energía más barata. La cadena agroalimentaria no puede seguir soportando un coste energético como el que estamos sufriendo. Hay empresas cuya cuenta de la energía se va a comer el triple de los beneficios que tuvo el año pasado. También le hemos pedido ayuda en el acceso a los carburantes, las materias primas”, ha recordado García Magarzo.
Sobre futuras reuniones con ambos ministros, el responsable de Asedas asegura que “estaremos con los ministros y el resto del gabinete el tiempo que haga falta, pero explicando siempre que tenemos un problema grave de costes, que tenemos que ayudar a las empresas a reducir los costes y a los consumidores a bajar los precios. Y eso podemos hacerlo de una forma concertada y puede ser temporal”, concluye.
Cinco puntos básicos
En definitiva, y a modo de corolario, Anged, Asedas y ACES han emitido una valoración conjunta de la reunión mantenida con los ministros haciendo hincapié en cinco puntos básicos:
1. La distribución alimentaria no puede aceptar el acuerdo de una cesta de la compra a precios fijos y piden ayuda al Gobierno para controlar el IPC alimentario.
2. Las empresas de distribución ya trabajan para ofrecer una cesta de la compra económica y la dinámica competitiva del sector ha contribuido a amortiguar la fuerte escalada de la energía y las materias primas.
3. Consideran el acuerdo inviable y contraproducente porque parte de un diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena, además sería ineficaz y la experiencia en otros países ha resultado fallida.
4. Las organizaciones han pedido ayuda a la vicepresidenta segunda para llevar a cabo el proyecto con varias medidas para luchar contra el alza del IPC y reducir los costes empresariales que soporta la cadena alimentaria.
5. Entre dichas medidas, destacan la reducción del IVA en alimentos, una moratoria a impuestos medioambientales, el descenso del coste regulatorio y, sobre todo, la reducción del coste de la energía, que puede hacer entrar en pérdidas a empresas de la distribución.